El injusto precio de la justicia

La justicia es para quién pueda pagársela. A partir de ahora, con la entrada en vigor de la ley de tasas que ha aprobado el gobierno español, habrá ciudadanos que decidirán no acudir a ella o peor aún, habrá personas que no podrán acceder a este derecho. 

Por ejemplo, recurrir una multa de Tráfico de 100 euros supondrá un coste de 200 euros en tasas judiciales. Si esta sentencia resulta en contra y el afectado decide recurrir al Tribunal Superior, las tasas serán de 800 euros y en el caso del Supremo, serán de 1.200 euros. Resulta curioso, al ciudadano le costarán más las tasas (el doble) que el importe de la multa. Si un ciudadano quiere reclamar una factura errónea de teléfono, luz o gas por valor de 80 euros le supondrá un coste de 200 euros en tasas judiciales.

Con la imposición de estas tasas judiciales lo que se consigue es que los ciudadanos decidan no acudir a los juzgados contra sanciones impuestas por la propia administración. Aquellos que menos recursos tienen no podrán reclamar sus derechos. En el caso de que el ciudadano ganara el proceso judicial, la nueva ley no fija ningún plazo de tiempo para devolverle el dinero que ha depositado en las tasas y aunque pasen años, no cobrará intereses de demora. Al ciudadano le costará más reclamar una factura o recurrir una multa que pagar el importe de ésta. 

Además hay que tener en cuenta que el ciudadano pagará unas tasas si recurre alguna sanción impuesta por la administración, pero si es la administración quien denuncia al ciudadano, no pagará. A partir de ahora la administración general del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos públicos dependientes de ellas y las cortes generales quedan exentos de pagar los costes judiciales y para ellos la justicia será gratuita. 

A través de este nuevo sistema de tasas, que se extiende a toda la población, el gobierno prevé recaudar 306 millones de euros y por primera vez se aplican las tasas a todos los ciudadanos que tengan ingresos superiores a los 1.100 euros mensuales.

Un divorcio ordinario conllevará una tasa de 300 euros, cifra a la que hay que sumar el porcentaje sobre los bienes. Los asuntos familiares que impliquen a menores o procesos matrimoniales sobre custodia de menores y pensión por alimentos están exentos de tasas judiciales. 

Otro ejemplo: un trabajador que recurra un despido improcedente tendrá que pagar 500 euros en tasas y si los tribunales no le den la razón hasta la última instancia, el importe asciende hasta los 1.250 euros. En el caso de una demanda por una deuda entre particulares, la tasa judicial inicial es de 100 euros, si la sentencia se recurre el coste es de 800 euros y si llega al Tribunal Supremo esta cantidad asciende hasta los 1.200 euros. 

Con esta nueva medida recaudatoria las injusticias quedarán impunes y solo las personas con mayor poder adquisitivo serán las que podrán acudir a la justicia.