En estos momentos más que nunca es necesario disponer de una
administración pública que facilite las gestiones de los ciudadanos y empresas.
Es momento de racionalizar, de eliminar duplicidades y simplificar la
estructura de la administración pública española.
Es curioso como a pesar de la crisis económica, el número de
municipios en España sigue
creciendo. En 2012 teníamos en España un total de 8.112 municipios, ocho más
que los que había en 2011. El 60% de ellos no llega a los 1.000 habitantes y más
de 1.000 municipios ni
siquiera alcanza las 100 personas, por lo que nos encontramos con una despoblación
de algunas zonas del territorio. Pero a pesar de este problema, las estructuras
administrativas y burocráticas no han desaparecido.
El Ejecutivo empieza el año ultimando un acuerdo con el PSOE
sobre la reforma de entidades locales, que supone la supresión de las cerca de
1.000 mancomunidades de municipios que prestan servicios a varios consistorios
de una misma zona y la limitación del sueldo de los alcaldes y concejales con
dedicación exclusiva.
Además, la reforma de las bases del Régimen Local que
presentará el gobierno este mes refuerza el papel de las diputaciones, que
podrán desempeñar competencias que los ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes ejercen servicios por debajo de unos parámetros de calidad. Con esta
nueva norma se puede conseguir un ahorro de en torno a los 3.500 millones de euros
a través de la eliminación de mancomunidades y evitando duplicidades.
Municipios, mancomunidades, diputaciones provinciales, comunidades
autónomas y administración central es lo tenemos en España, que se traduce en
más personal público y más sueldos.
La reforma estructural de la administración pública que debe
abordar el gobierno se tendría que traducir en reducción de municipios, cargos
públicos, sueldos, corporaciones locales y supresión de organismos con el fin
de evitar duplicidades
y gastos innecesarios. Algunos países que ya han llevado a cabo una racionalización
de su administración pública han sido Suecia, que pasó de 2.500 a 290
municipios, Inglaterra, que pasó de 1.244 a 332, o Bélgica al reducir de 2.300
a 589 sus municipios.
Actualmente hay entre 15.000 y 17.000 asesores en las
administraciones públicas de España, que suponen un coste de 850 millones de euros al año. Pero estos asesores no
son funcionarios públicos, sino que son cargos de confianza.
Además, España es el
país con más políticos de toda la Unión Europea, donde hay más de 70.000 cargos
políticos electos, incluyendo diputados del Congreso, senadores, diputados
autonómicos, alcaldes y concejales, consejeros comarcales y diputados
provinciales y consejeros insulares.
Con estas cifras
sobre la mesa es necesario un pacto de Estado para reducir el tamaño de la
administración pública.
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