La opacidad de las cuentas de los partidos

El caso Bárcenas ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de control y la mala gestión de las finanzas de los partidos. Los casos de corrupción que están saliendo recientemente a la luz incrementan el malestar de la ciudadanía ante la clase política, a la que cada vez ve más alejada de los problemas reales de la sociedad. 

El gesto que ha tenido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentando limpiar su imagen al publicar sus últimas declaraciones de renta y patrimonio no zanjan el problema de fondo de los partidos: la falta de transparencia y la deficiente fiscalización de sus cuentas. 

Y este problema no es una cuestión reciente sino que viene de lejos. El Consejo de Europa se ha referido en varias ocasiones a la opacidad de las cuentas y a las malas prácticas de los partidos políticos españoles. Además el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, lleva cinco años de retraso en la aprobación de los informes anuales de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos. Por ejemplo, el último que se aprobó el año pasado correspondía a la actividad de 2007. ¿Cómo se entiende que mientras las empresas están obligadas a presentar sus cuentas rigorosamente cada año, los partidos tengan tanta flexibilidad?

Una de las medidas que ha propuesto el Gobierno para luchar contra la corrupción es la Ley de Transparencia, a la que “en un principio” se someterán también los partidos políticos. Es una ocasión que tiene el gobierno para recuperar la confianza ciudadana, que solo la ganará si da ejemplo durante el día a día. 

Debido a que un 80 por ciento de la financiación de los partidos proviene de fondos públicos, deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público. Cualquier formación política debe hacer públicos sus ingresos, sus gastos, vías de financiación… para rendir cuentas a los ciudadanos de su actividad. 

El presupuesto destinado a la financiación de los partidos políticos españoles fue de más de 100 millones en 2012, cifra que se ha visto reducida casi a la mitad para este año, con un fondo reservado del Ministerio de Interior de 66,2 millones de euros, que es lo que nos cuesta a los españoles mantener el sistema político actual.

Pero la financiación de los partidos en España es mixto, y compatibiliza la financiación pública vía subvenciones que salen de los PGE con las aportaciones privadas. Sobre esta última vía de ingresos, destacar que desde el 2007 se consideraran ilegales las donaciones anónimas y según la reforma de la ley de financiación de los partidos aprobada el año pasado,  se prohíbe que las donaciones sean anónimas y se establece un máximo anual de 100.000 euros al año por sola persona física o jurídica. Además, aquellas  que sobrepasen los 50.000 euros deben ser notificados al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses. También se establece que ninguna entidad bancaria podrá condonar a un partido una deuda de más de 100.000 euros al año.

A las aportaciones públicas y privadas  hay que añadir la parte del presupuesto estatal que reciben las fundaciones ligadas a los partidos, como FAES en el caso del PP o la Fundación Ideas, vinculada al PSOE. Este año los PGE destinan 2,9 millones de euros a las fundaciones, a cargo del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional  del Ministerio de Exteriores, cifra que se ha visto reducida en un 20%. 

Con todos estos datos sobre la mesa lo que está claro es que aunque se han empezado a dar pasos en España para conseguir una regulación más transparente, todavía queda camino por hacer en este sentido.